Cuando no se dispone de información completa, la reconstrucción de hechos históricos presenta siempre lados de sombra. Es el caso del 23 de febrero de 1981 en España. El intento de golpe de estado por parte de algunos militares permite, incluso tres décadas después, analizar mejor el contexto y las consecuencias políticas del fenómeno que el esclarecimiento completo de los hechos.
Algunos hechos que hoy nadie parece discutir:
1) la existencia de un contexto enrarecido en buena parte de los cuarteles y sectores de la derecha franquista de la época por los atentados y secuestros de ETA, la incertidumbre de un modelo autonómico poco diseñado en términos legales, la crisis económica y las cifras de paro, y la percepción de que el presidente del gobierno central, Adolfo Suárez, y una ya dividida UCD no controlaban la situación. La falta de reformas profundas en un ejército repleto de franquistas condicionó todo el contexto de la transición y el resultado de la Constitución de 1978, especialmente respecto al tema territorial (mal planteado y aún no resuelto).
2) una labor de oposición radical por parte del PSOE que azuzaba frontalmente al gobierno con el fin de desgastarlo y ocupar el poder tras las siguientes elecciones (como ocurrió a finales de 1982)
3) una opinión favorable en algunos medios políticos y militares, pero también apoyada por el rey, a la sustitución del gobierno Suárez por un gobierno de concentración presidido por un militar. Ello podía hacerse a través de cauces constitucionales (aunque tuviera una legitimidad política dudosa), pero quedó aparcada por la dimisión de Suárez a finales de enero de 1981 (para que la democracia no fuera de nuevo “un paréntesis en la historia de España”).
4) la existencia de diversas operaciones en marcha (“Armada”- vía constitucional / “De Gaulle”, golpe inconstitucional, con Tejero y Milans del Bosch entre otros), pero divergentes en cuanto a qué es lo que tenía que ocurrir después (gobierno de concentración; gobierno militar; retorno al sistema franquista).
5) la falta de un liderazgo militar claro en el golpe del 23-F, que de haberse dado hubiera sido más difícil de reducir. El papel del general Armada, extutor del rey, jugando a dos bandas (Zarzuela y Milans) siempre bajo la perspectiva de ser el presidente del nuevo gobierno que se formase.
6) la decisiva intervención de determinados civiles (Laína) y militares (Gabeiras) en el fracaso del golpe.
Entre las “sombras” que quedan del fenómeno, que es difícil se despejen en el futuro, pueden citarse:
1) los apoyos militares operativos a la iniciativa final de Tejero de asaltar el Congreso.
2) el papel del CESID, el servicio de inteligencia militar, en el golpe
3) las personas de la “trama civil” del golpe (empresarios, banqueros, periodistas, etc). Sólo fue condenado García Carrés, un exdirigente de los sindicatos verticales franquistas)
4) el conocimiento pormenorizado del organigrama de las tramas golpistas en marcha.
5) el papel de la propia monarquía en las (largas) horas que van del golpe a la intervención televisiva que lo condena. Se trata de una tarde-noche muy opaca en términos de información. Para los ciudadanos fue la “noche de los transistores”, pero más crucial fue la “tarde-noche de los teléfonos”, especialmente la conversaciones entre La Zarzuela y las capitanías generales. La decantación pública de la monarquía hacia la defensa del orden constitucional fue ciertamente lenta.
Entre las consecuencias del golpe fracasado cabe destacar:
1) el reforzamiento de la Monarquía como institución en términos democráticos. Adquiere una legitimación que no tenía por su origen franquista.
2) la “reconducción” del tema autonómico hacia premisas más uniformistas y homogeneizadoras por parte de los dos partidos mayoritarios españoles. Ello cristalizará, primero en la LOAPA –después declarada inconstitucional en algunos de sus aspectos básicos, y después en los pactos de 1991 entre PSOE y PP y el desarrollo autonómico posterior. Se trata de una lógica que aún pervive en la falta de resolución actual del tema territorial.
3) el desprestigio definitivo de las fuerzas de extrema derecha y de los sectores ultras del ejército, ambos nostálgicos del franquismo
4) la necesidad de proceder desde el gobierno a una reforma del ejército que lo modernizará en términos técnicos y de personal y lo acercará a los ejércitos de otras democracias (política realizada en años posteriores por los ministros Oliart y, sobretodo, Narcís Serra)
5) la contribución a la precipitación de la crisis interna de la UCD, que impidió la consolidación de un partido centrista mayoritario (fenómeno también condicionado por el sistema electoral vigente).
Hoy resulta irrepetible un fenómeno como el del 23-F. El estado español está integrado en la OTAN y en la UE; los generales participan y dirigen misiones internacionales de paz, hablan inglés, y por primera vez gozan de prestigio social y profesional. La democracia está totalmente consolidada. Sin embargo, el tema territorial, especialmente el reconocimiento de los autogobiernos de Cataluña y del País Vasco como realidades nacionales diferenciadas, sigue pendiente de solución. El 23-F contribuyó a que PSOE y PP desarrollaran las ambigüedades constitucionales en favor de una visión unitarista del estado con hegemonía clara del poder central en la toma de decisiones. Esta ha sido su principal victoria.
Ferran Requejo es catedrático de ciencia política en la UPF y coautor de Federalism beyond Federations, Ashgate, 2011
www.ferranrequejo.cat